Cuando hablamos de gastos de campaña, los costos totales que una candidatura necesita para competir en una elección, incluyendo publicidad, logística y salarios. También conocida como costos electorales, esta partida se transforma en el motor de la estrategia electoral. Gastos de campaña abarcan desde los anuncios en TV hasta la impresión de volantes y la contratación de personal de campo; en otras palabras, el dinero cubre todo lo que permite que un candidato llegue a los votantes. El financiamiento político, los recursos provenientes de partidos, donantes y fondos públicos que alimentan la campaña determina la magnitud de esos costos, mientras que la legislación electoral, el conjunto de normas que establece límites y exige rendición de cuentas a los actores políticos impone techos y obliga a la transparencia. Así, el vínculo entre financiación y gasto crea una cadena de responsabilidad que afecta directamente a la legitimidad del proceso democrático.
En Chile, la vigilancia de los autoridades de control, entidades como el Servicio Electoral (SERVEL) y la Contraloría que fiscalizan el cumplimiento de la normativa de campaña es clave para evitar abusos. Estas instituciones revisan los informes de gastos, comparan los montos con los límites legales y sancionan a quien sobrepasa la barrera. Además, la rendición de cuentas, el proceso mediante el cual los partidos y candidatos publican sus balances financieros permite a la ciudadanía y a los medios rastrear el flujo de dinero. Cuando la transparencia funciona, la relación "autoridades de control supervisan rendición de cuentas" refuerza la confianza en la democracia.
Los partidos políticos, las organizaciones que agrupan a candidatos y gestionan recursos para la campaña juegan un rol central en la planificación del gasto. Cada partido elabora un presupuesto que incluye publicidad tradicional, campañas digitales y actividades de movilización en terreno. La elección de canales —TV, radio, redes sociales— depende del perfil del electorado y del monto disponible; por eso, la frase "presupuesto electoral determina estrategia de comunicación" es una regla de oro. Los candidatos también deben considerar gastos inesperados, como imprevistos logísticos o nuevas regulaciones, que pueden reconfigurar el plan financiero en pleno proceso.
En los últimos años, la digitalización ha transformado los gastos de publicidad online, las inversiones en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube para alcanzar a los votantes. Estos costos son más medibles y, a veces, más efectivos que la publicidad tradicional, pero también presentan retos de control porque los límites legales pueden variar según la modalidad (impresos vs. digitales). La legislación electoral recientemente ha comenzado a incluir disposiciones específicas para la publicidad digital, reforzando la idea de que "la normativa evoluciona con la tecnología". Así, los equipos de campaña deben estar al día con los cambios para evitar sanciones y optimizar cada peso invertido.
Al final, lo que encontrarás en la lista de artículos bajo este tag es una muestra de cómo se desenvuelven los diferentes actores y herramientas en torno a los gastos de campaña. Desde análisis de cifras de financiamiento hasta casos de polémicas por límites excedidos, la colección te brinda una visión práctica y actualizada. Sigue leyendo para descubrir ejemplos reales, consejos para una gestión responsable y las últimas novedades en la normativa chilena que podrían afectar la próxima contienda electoral.
El Servel rechazó 976 mln de pesos en gastos de campaña de 14 gobernadores regionales, entre ellos Claudio Orrego y Macarena Santelices, generando apelaciones ante el Tricel.